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MERIDA, YUCATAN, 19 de febrero de 2022.- Octavio Martínez Vargas, secretario de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centrales de Abasto (CONACCA), anunció ayer una serie de acciones a nivel nacional para exigir el respeto a la propiedad del terreno que ocupa la Central de Abasto de Mérida.

Acompañado de una docena de dirigentes de su agrupación y de la Federación Latinoamericana de Mercados y Abastecimiento, el ex diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martínez Vargas, oriundo del Estado de México, enfocó su campaña de denuncia contra el gobernador Mauricio Vila Dosal, aunque el problema es con la autoridad municipal de Mérida que regula las actividades y los bienes de la Central de Abasto de esta ciudad.

Las 25 centrales de abasto del país se solidarizan con la de Mérida, apoyan su lucha en el ámbito jurídico y político.

Para tal efecto, se llevó al cabo una rueda de prensa en el hotel “El Conquistador”, donde Emilio Carrión Cervantes, de la delegación de Oaxaca y Arturo Fernández Martínez, líder de la Federación en México, ofrecieron su respaldo al presidente de la mesa directiva de la Central de Abasto de Mérida, Moisés González Ojeda.

Anunciaron las siguientes acciones:

  1.  A partir del lunes entrante, todas las centrales de abasto del país afiliados a estas dos agrupaciones colgarán mantas contra el gobernador Vila Dosal, repartirán volantes entre los proveedores y clientes sobre el despojo y lo difundirán en las plataformas digitales de las agrupaciones. Es decir, es una campaña nacional contra el gobernador yucateco, pero hay quienes consideraron que flaco favor le harán a Vila Dosal porque promoverán su imagen y nombre en todo el país.
  •  Las dirigencias de las dos agrupaciones acudirán a las Cámaras de Senadores y de Diputados federales para pedir que emitan un punto de acuerdo que exhorte al gobernador Vila Dosal que solucione este problema de despojo.
  •  Los despachos jurídicos de las dos agrupaciones acompañarán la defensa jurídica de un proceso de amparo que ya se presentó y que no está resuelto. Pedirán la suspensión del acto reclamado, que las cosas vuelvan como antes y que sancionen a las autoridades que violan la ley de amparo. Además, recurrirían a la Suprema Corte o tribunales internacionales para exponer este despojo.
  • Revisarán la aprobación del Cabildo de Mérida de los dineros asignados a la Central de Abasto para verificar que las obras y mejoras proyectadas con esos recursos públicos estén bien aplicados. Moisés González afirmó que en la Central de Abastos no hay mejora, toda la infraestructura de drenaje es muy viejo y puede que haya desvíos de recursos.
  • Respetarán la sentencia definitiva del amparo que pronuncie la autoridad judicial federal, pero como es un juicio largo, realizarán las acciones de denuncia pública, pero sin tratar de recuperar el terreno de 9 hectáreas que mantiene bajo vigilancia la policía estatal.
  • Los abogados ya detectaron un error legal y por ello demandaron el juicio de amparo: no hay un acta de asamblea del Consejo de Administración de la Central de Abastos (integrada por 8 personas) donde conste que acordaron algún cambio del destino y posesión del terreno.
  • Hasta donde sabe Moisés González Ojeda, el decreto que da la propiedad a la Central de Abasto no ha cambiado, por lo tanto el Consejo de Administración sigue siendo el dueño del terreno.

“Venimos a cerrar filas con los compañeros de Mérida, nos solidarizamos y apoyamos su demanda”, señaló Octavio Martínez, quien llevó la voz de la rueda de prensa.

“En todas las centrales de abasto del país hay coordinación en el trabajo, las autoridades son facilitadoras y hay una buena dinámica de trabajo, excepto en Mérida”, dijo por su parte Arturo Fernández. “Generamos miles de empleos y comercializamos el 75% de la producción agrícola del país. Hoy encontramos una contradicción en Mérida porque las autoridades despojan de su patrimonio a esta central. Los compañeros son víctimas del gobierno estatal y municipal, que llegaron como operan los ladrones, de noche y con la fuerza pública tomaron las tierras”.

Moisés González Ojeda desmintió que el Consejo de Administración de la Central de Abasto haya perdido dos amparos, como publicaron algunos medios. El único amparo que tramitaron está en proceso, no hay una sentencia parcial ni definitiva.

“No está resuelto, encontramos muchas inconsistencias en las formas de ese amparo y si la autoridad local no lo arregla, les aseguro que fuera del Estado se va a arreglar”, advirtió el llamado “rey del tianguis del automóvil”, subrayó.

Se le preguntó sí hasta el día de hoy el Consejo de Administración es el propietario de todo el terreno que ocupa la Central de Abasto.

“Tenemos los documentos, la historia de este centro de abasto lo demuestra, sabemos que sí es el dueño el Consejo, pero no sabemos si ya cambió porque las autoridades tienen todo el aparato para cambiarlo”, dijo.

La Central de Abasto de Mérida entró en conflicto por la salida del tianguis del automóvil y en el espacio que ocupaba esta venta de autos de medio uso, por el cual cobraban derecho de piso, el gobierno del Estado construyó el campus de escuelas normales. El pasado día 11 de este mes, la policía estatal recuperó una superficie de 9 hectáreas que ya empezaban a invadir algunos locatarios.

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